Artículo de opinión VI

Los cimientos se tambalean

Asombro, incredulidad e incertidumbre. Son solo algunos de los sentimientos que invadieron a millones de ciudadanos de todo el mundo cuando el pasado 2 de febrero, el que hasta entonces había ocupado el máximo puesto del escalafón de la Iglesia católica, Benedicto XVI, anunció su renuncia. Tras ocho años de pontificado, Joseph Ratzinger se declaró falto de fuerzas para seguir en su cargo y así se lo hizo saber al mundo.

Han sido muchas las especulaciones que desde entonces se han llevado a cabo sobre este inesperado e insólito acontecimiento, que pilló por sorpresa incluso a los ayudantes más próximos del papa. En la versión oficial se aludió a las numerosas batallas por el poder y la corrupción en la Santa Sede, y no es de extrañar, ya que tras la filtración de documentos secretos con el caso Vatileaks y los numerosos casos de pederastia que en los últimos meses han salpicado a la Iglesia, la institución ha quedado muy tocada.

Un mes y medio después de la renuncia, tras cinco votaciones en el cónclave, la fumata blanca anunciaba la elección del argentino Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Ratzinger, el primer papa americano y jesuita. Y muchos se preguntan si un pontífice tachado de homófobo y con una actitud un tanto misógina ayudará a renovar la apariencia de la Iglesia católica, que en las últimas décadas ha sido testigo de cómo las nuevas generaciones van abandonando la Iglesia y el laicismo se impone a pasos agigantados.

Nadie tiene soluciones mágicas, pero la tarea renovadora del papa Francisco tendrá que empezar casi de manera inmediata y habrá de ser una reforma en profundidad, comenzando por los pilares fundamentales, lo cual no parece tarea fácil. Y es que parece indudable que la Iglesia necesita un  buen lavado de cara si pretende frenar este proceso de deterioro, en un momento en el que los cimientos de la institución parecen tambalearse más que nunca.

Artículo opinión V

Un terremoto en Europa

Son incesantes las noticias que nos han llegado en la última semana sobre Italia y la situación de “desgobierno”  que impera en el país transalpino tras las últimas elecciones generales. Los peores pronósticos se cumplieron, y la apuesta progresista de la coalición de centroizquierda de Bersani, pese a llevarse el mayor número de votos que le permite acceder a la Cámara de los Diputados, no logró convencer lo suficiente como para alcanzar una mayoría el Senado.

El descontento entre los italianos es evidente, y la desafección política también. Tanto es así que el presidente saliente, el tecnócrata Mario Monti, no logró ni siquiera posicionarse como tercera fuerza política, en favor del revolucionario y populista Beppe Grillo, que con su Movimiento 5 Estrellas logró hacerse con casi una cuarta parte de los sufragios. Incluso Berlusconi, ese líder tan carismático como demagogo y narcisista, que resurge de sus cenizas como el ave fénix, se quedó a tan solo un puñado de votos para llegar a la presidencia.

La frustración ciudadana se ha materializado en las urnas. Los italianos reprueban las políticas de austeridad y recortes que Monti, impulsado por la Troika, impuso en los últimos meses y que no hicieron más que ahogar a uno de los países de Europa más castigados por la crisis. Y la consecuencia de esto no es solo una situación caótica dentro de sus fronteras. Los principales mercados europeos se vieron afectados de inmediato por inestable situación en que quedó Italia tras los comicios, especialmente el Ibex 35, indicador de referencia en España.

El futuro es incierto, y el sistema pactista del que hablan los expertos analistas como única salida a la coyuntura todavía se plantea como algo difícil. Lo que es indiscutible es que se hace necesario un acuerdo que devuelva la estabilidad política a Italia y que conlleve la calma del resto de mercados europeos, si no queremos que lo que hoy es una pequeña sacudida se convierta en un verdadero seísmo que azote a toda Europa.

Artículo opinión IV

El eco del pasado

Han pasado 32 años desde que en febrero de 1981 un grupo de guardias civiles, con el teniente coronel Tejero a la cabeza, irrumpiesen a la fuerza en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura de Calvo Sotelo. Con su acción no solo sembraron el pánico entre los allí presentes, sino que mantuvieron a toda una nación en vilo, temerosa de que la tan anhelada democracia se truncase casi nada más nacer, con la sombra del franquismo planeando todavía sobre sus cabezas.

Muchos jóvenes quizás guarden un vago recuerdo, otros ni siquiera vivieron aquel momento histórico, que quedó grabado en las retinas de millones de españoles. Pero ahí están sus padres y abuelos, que pueden recordarles los momentos de dramatismo y tensión vividos aquella fría noche de invierno, en la que muchos incluso pensaron en huir del país. Esa noche fue, sin lugar a dudas, la prueba de fuego de la democracia.

Cobra hoy especial relevancia este aniversario porque, más de una treintena de años después, esa democracia que tanto costó conseguir es cuestionada una y otra vez. La crisis económica, social y política que vive nuestro país ha hecho a más de uno replantearse si caminamos en la dirección correcta. Incluso la imagen del rey, figura clave en el desmantelamiento de la intentona golpista, ha quedado hoy totalmente desfigurada por todos los escándalos que han salpicado en los últimos meses a la Casa Real.

Pese a estas vicisitudes, lo que quizá deberíamos plantearnos es qué hubiese sucedido si el frustrado golpe de Estado hubiese fructificado. Parece claro que nos encontramos en el punto adecuado, pero sin la perspectiva correcta. Vivimos en un país democrático, y pese a sus notables deficiencias, lo cierto es que si todos remamos en la misma dirección quizá podamos lograr cambios de base en el sistema que ayuden a mejorarlo. Porque lo que parece obvio es que debemos estar agradecidos por lo que pudo ser y no fue.

Artículo opinión III

Un giro radical

Cuando pensábamos que ya no podrían salir a la luz más casos de corrupción política en nuestro país, que el cupo estaba sobradamente cubierto, nos damos cuenta de que tristemente no estábamos en lo cierto. Basta con encender la tele o la radio para que los informativos nos sorprendan, casi a diario, con la noticia del ejercicio de acciones de dudosa legalidad por parte de algún alcalde o concejal de este o aquel otro pueblo o ciudad. Eso cuando no se trata de figuras de primera línea política que, aprovechándose de su posición privilegiada, se dedicaban a desviar fondos públicos a cuentas en Suiza burlándose del fisco español.

Los casos Bárcenas, Pokémon, Palau o Nóos, no hacen más que minar la imagen y credibilidad de un ya de por sí deteriorado Estado español, que no sabe bien hacia dónde va porque sus principales dirigentes parecen haber perdido el timón, navegando a la deriva ahogados en la incertidumbre. Dónde han quedado los valores democráticos es lo que se preguntan muchos ciudadanos, que a día de hoy parecen más preocupados por las corruptelas de la clase política que por problemas estructurales de gran calado como el paro o los recortes sociales, que hasta hace no mucho tiempo eran su principal quebradero de cabeza.

Y es que las instituciones españolas, desde la Monarquía hasta el Poder Judicial, se encuentran sumidas hoy en un proceso de desintegración que ha de frenarse a tiempo si no queremos perder todo aquello que tanto tiempo costó conseguir. Se nos llena la boca hablando de democracia en un país en el que, de facto, rige el principio de listas electorales cerradas, la elección de gran parte de los miembros de la judicatura  se lleva a cabo por los propios partidos–debiendo ser la esencia del Poder Judicial su independencia con respecto a los otros dos poderes estatales- y en el que la transparencia en la financiación de las grandes formaciones políticas ha quedado en entredicho en los últimos tiempos.

Si bien antes de iniciar cualquier reforma que pretenda paliar la grave crisis política e institucional que el país atraviesa, deberían plantearse nuestros dirigentes la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución del 78, que parece haber quedado obsoleta.  Si los políticos se encuentran atados de pies y manos en muchos ámbitos es justamente porque el texto constitucional no les deja margen de acción, y se ha de tener en cuenta que las circunstancias de hace más de 30 años eran muy diferentes a las actuales. Sólo de esta manera, con una profunda transformación de la misma, podría emprenderse ese camino de metamorfosis que suponga un giro de 360 grados y permita poner un poco de orden en lo que, más que un Estado desarrollado, aparece hoy ante nuestros ojos como una auténtica república bananera.

Artículo opinión II

Derecho a la desinformación

Cuando alguien habla de rueda de prensa, lo primero que nos viene a la mente es aquella imagen de una sala de conferencias repleta de periodistas de diversos medios de comunicación, en la que el conferenciante habla y los profesionales tienen derecho a plantear las cuestiones oportunas en la posterior tanda de preguntas. Y sin embargo este concepto ha sufrido tal deterioro que incluso se llegan a concebir en la actualidad las ruedas de prensa sin preguntas.

Aunque parezca algo inaudito, son cada vez más los líderes políticos que escudándose en sus discursos unilaterales evitan enfrentarse a preguntas incómodas, privando a los periodistas de la posibilidad de réplica, sin ofrecer ningún tipo de explicación. La trascendental labor que al periodista le correspondería queda así limitada a la de mera transcripción, el orador habla y ellos toman apuntes, como si de un dictado se tratase. A tal extremo hemos llegado que en la última comparecencia pública del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, éste ni siquiera se presentó ante la prensa físicamente, sino que su discurso tuvo que ser seguido a través de la pantalla de un televisor.

Y se plantea aquí la cuestión de cómo es esto posible y permisible en España, un Estado democrático y de derecho, en el que el derecho a la información aparece reconocido como fundamental en el texto constitucional. Derecho a la información que por cierto, y aunque muchos quieran hacernos creer lo contrario, no se basa en recibir y absorber informaciones institucionalizadas, sino en un trabajo exhaustivo del periodista que contrasta, investiga y decide qué tiene valor para el público, dejando de lado todo tipo de sectarismos.

Parece que son los propios medios de comunicación los que tienen la solución en sus manos. Si sus directores se pusieran de acuerdo para no enviar periodistas a cubrir este tipo de informaciones, como ya hicieron algunos diarios digitales el pasado sábado 2 de febrero con la comparecencia de Rajoy, quizá la cosa cambiaría, y mucho. Porque, ¿qué necesidad hay de que los periodistas acudan a escuchar un discurso político a través de una pantalla de televisor, cuando pueden hacerlo desde casa?

Artículo opinión I

Una monarquía a la deriva

S.RODRÍGUEZ / MADRID / 28 de abril de 2013

En una etapa tan convulsa como la que nos encontramos, en la que los recortes sociales ahogan cada vez más a millones de españoles, la monarquía parece desmoronarse a pasos agigantados. Y es que la Casa Real se ha visto salpicada en los últimos tiempos por numerosos escándalos que ponen en entredicho la necesidad de mantener esta institución en un momento histórico como el actual.

Según el último sondeo llevado a cabo por Metroscopia la valoración ciudadana del rey se ha desplomado en los últimos meses. Los españoles son incapaces de entender que se destinen casi ocho millones de euros de presupuesto a esta institución, en un país en el que la cifra del desempleo roza la alarmante cifra de los seis millones de parados. Significativa es la tendencia entre los más jóvenes, que carecen de referencias acerca del papel clave del monarca durante la Transición y democratización española.

Los últimos acontecimientos, entre los que destaca la imputación judicial de la propia infanta Cristina, han agitado el panorama social de tal forma que son diversas las voces que se alzan pidiendo cambios en nuestro sistema de gobierno. Así quedó patente tras el acto conmemorativo de la II República celebrado en Madrid el pasado 14 de abril, en el que varios miles de personas reclamaron la llegada de la tercera.

Aunque quizá todavía no corresponda tomar decisiones al respecto, el debate social sobre la continuidad de la monarquía sigue abierto. Cuando llegue el momento de la sucesión las dudas quedarán resueltas y puede que por entonces las aguas hayan vuelto a su cauce. Hasta entonces, la Casa Real intentará capear el temporal lo mejor que pueda.