Artículo opinión IV

El eco del pasado

Han pasado 32 años desde que en febrero de 1981 un grupo de guardias civiles, con el teniente coronel Tejero a la cabeza, irrumpiesen a la fuerza en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura de Calvo Sotelo. Con su acción no solo sembraron el pánico entre los allí presentes, sino que mantuvieron a toda una nación en vilo, temerosa de que la tan anhelada democracia se truncase casi nada más nacer, con la sombra del franquismo planeando todavía sobre sus cabezas.

Muchos jóvenes quizás guarden un vago recuerdo, otros ni siquiera vivieron aquel momento histórico, que quedó grabado en las retinas de millones de españoles. Pero ahí están sus padres y abuelos, que pueden recordarles los momentos de dramatismo y tensión vividos aquella fría noche de invierno, en la que muchos incluso pensaron en huir del país. Esa noche fue, sin lugar a dudas, la prueba de fuego de la democracia.

Cobra hoy especial relevancia este aniversario porque, más de una treintena de años después, esa democracia que tanto costó conseguir es cuestionada una y otra vez. La crisis económica, social y política que vive nuestro país ha hecho a más de uno replantearse si caminamos en la dirección correcta. Incluso la imagen del rey, figura clave en el desmantelamiento de la intentona golpista, ha quedado hoy totalmente desfigurada por todos los escándalos que han salpicado en los últimos meses a la Casa Real.

Pese a estas vicisitudes, lo que quizá deberíamos plantearnos es qué hubiese sucedido si el frustrado golpe de Estado hubiese fructificado. Parece claro que nos encontramos en el punto adecuado, pero sin la perspectiva correcta. Vivimos en un país democrático, y pese a sus notables deficiencias, lo cierto es que si todos remamos en la misma dirección quizá podamos lograr cambios de base en el sistema que ayuden a mejorarlo. Porque lo que parece obvio es que debemos estar agradecidos por lo que pudo ser y no fue.

Artículo opinión III

Un giro radical

Cuando pensábamos que ya no podrían salir a la luz más casos de corrupción política en nuestro país, que el cupo estaba sobradamente cubierto, nos damos cuenta de que tristemente no estábamos en lo cierto. Basta con encender la tele o la radio para que los informativos nos sorprendan, casi a diario, con la noticia del ejercicio de acciones de dudosa legalidad por parte de algún alcalde o concejal de este o aquel otro pueblo o ciudad. Eso cuando no se trata de figuras de primera línea política que, aprovechándose de su posición privilegiada, se dedicaban a desviar fondos públicos a cuentas en Suiza burlándose del fisco español.

Los casos Bárcenas, Pokémon, Palau o Nóos, no hacen más que minar la imagen y credibilidad de un ya de por sí deteriorado Estado español, que no sabe bien hacia dónde va porque sus principales dirigentes parecen haber perdido el timón, navegando a la deriva ahogados en la incertidumbre. Dónde han quedado los valores democráticos es lo que se preguntan muchos ciudadanos, que a día de hoy parecen más preocupados por las corruptelas de la clase política que por problemas estructurales de gran calado como el paro o los recortes sociales, que hasta hace no mucho tiempo eran su principal quebradero de cabeza.

Y es que las instituciones españolas, desde la Monarquía hasta el Poder Judicial, se encuentran sumidas hoy en un proceso de desintegración que ha de frenarse a tiempo si no queremos perder todo aquello que tanto tiempo costó conseguir. Se nos llena la boca hablando de democracia en un país en el que, de facto, rige el principio de listas electorales cerradas, la elección de gran parte de los miembros de la judicatura  se lleva a cabo por los propios partidos–debiendo ser la esencia del Poder Judicial su independencia con respecto a los otros dos poderes estatales- y en el que la transparencia en la financiación de las grandes formaciones políticas ha quedado en entredicho en los últimos tiempos.

Si bien antes de iniciar cualquier reforma que pretenda paliar la grave crisis política e institucional que el país atraviesa, deberían plantearse nuestros dirigentes la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución del 78, que parece haber quedado obsoleta.  Si los políticos se encuentran atados de pies y manos en muchos ámbitos es justamente porque el texto constitucional no les deja margen de acción, y se ha de tener en cuenta que las circunstancias de hace más de 30 años eran muy diferentes a las actuales. Sólo de esta manera, con una profunda transformación de la misma, podría emprenderse ese camino de metamorfosis que suponga un giro de 360 grados y permita poner un poco de orden en lo que, más que un Estado desarrollado, aparece hoy ante nuestros ojos como una auténtica república bananera.

Artículo opinión II

Derecho a la desinformación

Cuando alguien habla de rueda de prensa, lo primero que nos viene a la mente es aquella imagen de una sala de conferencias repleta de periodistas de diversos medios de comunicación, en la que el conferenciante habla y los profesionales tienen derecho a plantear las cuestiones oportunas en la posterior tanda de preguntas. Y sin embargo este concepto ha sufrido tal deterioro que incluso se llegan a concebir en la actualidad las ruedas de prensa sin preguntas.

Aunque parezca algo inaudito, son cada vez más los líderes políticos que escudándose en sus discursos unilaterales evitan enfrentarse a preguntas incómodas, privando a los periodistas de la posibilidad de réplica, sin ofrecer ningún tipo de explicación. La trascendental labor que al periodista le correspondería queda así limitada a la de mera transcripción, el orador habla y ellos toman apuntes, como si de un dictado se tratase. A tal extremo hemos llegado que en la última comparecencia pública del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, éste ni siquiera se presentó ante la prensa físicamente, sino que su discurso tuvo que ser seguido a través de la pantalla de un televisor.

Y se plantea aquí la cuestión de cómo es esto posible y permisible en España, un Estado democrático y de derecho, en el que el derecho a la información aparece reconocido como fundamental en el texto constitucional. Derecho a la información que por cierto, y aunque muchos quieran hacernos creer lo contrario, no se basa en recibir y absorber informaciones institucionalizadas, sino en un trabajo exhaustivo del periodista que contrasta, investiga y decide qué tiene valor para el público, dejando de lado todo tipo de sectarismos.

Parece que son los propios medios de comunicación los que tienen la solución en sus manos. Si sus directores se pusieran de acuerdo para no enviar periodistas a cubrir este tipo de informaciones, como ya hicieron algunos diarios digitales el pasado sábado 2 de febrero con la comparecencia de Rajoy, quizá la cosa cambiaría, y mucho. Porque, ¿qué necesidad hay de que los periodistas acudan a escuchar un discurso político a través de una pantalla de televisor, cuando pueden hacerlo desde casa?

Artículo opinión I

Una monarquía a la deriva

S.RODRÍGUEZ / MADRID / 28 de abril de 2013

En una etapa tan convulsa como la que nos encontramos, en la que los recortes sociales ahogan cada vez más a millones de españoles, la monarquía parece desmoronarse a pasos agigantados. Y es que la Casa Real se ha visto salpicada en los últimos tiempos por numerosos escándalos que ponen en entredicho la necesidad de mantener esta institución en un momento histórico como el actual.

Según el último sondeo llevado a cabo por Metroscopia la valoración ciudadana del rey se ha desplomado en los últimos meses. Los españoles son incapaces de entender que se destinen casi ocho millones de euros de presupuesto a esta institución, en un país en el que la cifra del desempleo roza la alarmante cifra de los seis millones de parados. Significativa es la tendencia entre los más jóvenes, que carecen de referencias acerca del papel clave del monarca durante la Transición y democratización española.

Los últimos acontecimientos, entre los que destaca la imputación judicial de la propia infanta Cristina, han agitado el panorama social de tal forma que son diversas las voces que se alzan pidiendo cambios en nuestro sistema de gobierno. Así quedó patente tras el acto conmemorativo de la II República celebrado en Madrid el pasado 14 de abril, en el que varios miles de personas reclamaron la llegada de la tercera.

Aunque quizá todavía no corresponda tomar decisiones al respecto, el debate social sobre la continuidad de la monarquía sigue abierto. Cuando llegue el momento de la sucesión las dudas quedarán resueltas y puede que por entonces las aguas hayan vuelto a su cauce. Hasta entonces, la Casa Real intentará capear el temporal lo mejor que pueda.