Artículo opinión III

Un giro radical

Cuando pensábamos que ya no podrían salir a la luz más casos de corrupción política en nuestro país, que el cupo estaba sobradamente cubierto, nos damos cuenta de que tristemente no estábamos en lo cierto. Basta con encender la tele o la radio para que los informativos nos sorprendan, casi a diario, con la noticia del ejercicio de acciones de dudosa legalidad por parte de algún alcalde o concejal de este o aquel otro pueblo o ciudad. Eso cuando no se trata de figuras de primera línea política que, aprovechándose de su posición privilegiada, se dedicaban a desviar fondos públicos a cuentas en Suiza burlándose del fisco español.

Los casos Bárcenas, Pokémon, Palau o Nóos, no hacen más que minar la imagen y credibilidad de un ya de por sí deteriorado Estado español, que no sabe bien hacia dónde va porque sus principales dirigentes parecen haber perdido el timón, navegando a la deriva ahogados en la incertidumbre. Dónde han quedado los valores democráticos es lo que se preguntan muchos ciudadanos, que a día de hoy parecen más preocupados por las corruptelas de la clase política que por problemas estructurales de gran calado como el paro o los recortes sociales, que hasta hace no mucho tiempo eran su principal quebradero de cabeza.

Y es que las instituciones españolas, desde la Monarquía hasta el Poder Judicial, se encuentran sumidas hoy en un proceso de desintegración que ha de frenarse a tiempo si no queremos perder todo aquello que tanto tiempo costó conseguir. Se nos llena la boca hablando de democracia en un país en el que, de facto, rige el principio de listas electorales cerradas, la elección de gran parte de los miembros de la judicatura  se lleva a cabo por los propios partidos–debiendo ser la esencia del Poder Judicial su independencia con respecto a los otros dos poderes estatales- y en el que la transparencia en la financiación de las grandes formaciones políticas ha quedado en entredicho en los últimos tiempos.

Si bien antes de iniciar cualquier reforma que pretenda paliar la grave crisis política e institucional que el país atraviesa, deberían plantearse nuestros dirigentes la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución del 78, que parece haber quedado obsoleta.  Si los políticos se encuentran atados de pies y manos en muchos ámbitos es justamente porque el texto constitucional no les deja margen de acción, y se ha de tener en cuenta que las circunstancias de hace más de 30 años eran muy diferentes a las actuales. Sólo de esta manera, con una profunda transformación de la misma, podría emprenderse ese camino de metamorfosis que suponga un giro de 360 grados y permita poner un poco de orden en lo que, más que un Estado desarrollado, aparece hoy ante nuestros ojos como una auténtica república bananera.